La política es un espacio construido a partir de la dominación masculina, por lo que sus reglas, formas de operación y mecanismos coercitivos perpetúan las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres. Así, la implementación de medidas de carácter temporal o de acciones afirmativas ha sido necesaria a fin de aminorar o revertir los efectos negativos que las asimetrías tienen en las mujeres. Los primeros intentos por incluir este tipo de medidas en la legislación mexicana se remontan a 1993 –de forma específica con la cuota de género– y, tras múltiples modificaciones para garantizar su efectiva implementación, esta concluye en 2014 con una reforma que permitió el reconocimiento de la paridad de género como principio constitucional aplicable a las candidaturas al Poder Legislativo. Una nueva reforma constitucional y legal tuvo lugar en el 2019 con el objetivo de que la paridad se implementara en todos los órdenes y niveles de gobierno, así como en los órganos autónomos y en los sistemas normativos internos. La mirada interseccional de la violencia permite visibilizar cómo la condición genérica de las mujeres se particulariza y produce expresiones diferenciadas del fenómeno. Por ello, será distinta la manera en que las mujeres experimentan y enfrentan la violencia ya sea en lo individual o en lo colectivo.