¿El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, fomenta la distribución del poder?, o ¿más bien las desigualdades estructurales pueden limitar la aplicación efectiva de dicho tratado? ¿De qué manera las juventudes, las mujeres y los pueblos indígenas de ALC han ejercido su poder a través del acceso a la información, participación y justicia ambiental? ¿El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para que estos grupos vulnerados históricamente puedan ejercer sus derechos

ambientales? Estas son algunas de las preguntas que guían la reflexión de esta perspectiva.

El Acuerdo de Escazú es un pilar fundamental para la construcción y el ejercicio de la ciudadanía ambiental en América Latina y el Caribe (ALC) porque busca asegurar los derechos de acceso y la protección de las personas defensoras del ambiente; pero, además, tiene entre sus fines asegurar el disfrute de todos aquellos derechos humanos que dependen directamente de un medioambiente sano. Estas disposiciones incluyen el derecho a la vida, y al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, y otros derechos como la educación, la vivienda y la libertad de expresión y asociación.

No obstante, sin una mirada integral, que reconozca los diferentes retos a los que las mujeres, las juventudes y los pueblos indígenas se enfrentan para conocer y ejercer sus derechos en general, y sus derechos ambientales en particular, el Acuerdo de Escazú fracasará en su implementación. Por eso, el objetivo del presente artículo es ilustrar de manera aproximada cómo estos tres grupos con derechos han ejercido su ciudadanía ambiental, en particular sus derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en México; y a partir de esos hallazgos proponer una serie de acciones que contribuyan a sobreponer dichos retos.