A pesar de la contundente evidencia sobre las consecuencias del conflicto armado entre organizaciones criminales y el Estado mexicano, no importando el gobierno y su signo, la clase política ha montado un andamiaje represivo cada vez más sólido: un Estado de derecho de excepción para cumplir con el régimen de drogas, Fuerzas Armadas con mayor presupuesto, más armas proveídas a las agencias de seguridad y amplias penas para criminalizar poblaciones marginadas.
Sin embargo, hay esperanza. Múltiples resistencias han dado lugar a protecciones, desde las cuales se ha podido cuestionar el fundamento político del conflicto. Ante las violaciones graves de derechos humanos, se han aprobado nuevos estándares que hasta ahora han sido útiles para cuestionar las consecuencias del régimen de prohibición. Aunque el gobierno electo en 2018 haya abandonado su agenda de pacificación, la fuerza moral de esta agenda, sostenida por organizaciones de víctimas, sigue viva.
En este documento se pretende plantear una agenda coherente que refleje múltiples procesos de formación de agenda sobre paz, seguridad y justicia, dirigidos a una misión política de pacificación. Contrario a la idea de que la violencia que se vive es sólo consecuencia de una quimera criminal, sino que es resultado de decisiones políticas que han hecho que dicha quimera exista en primer lugar, es necesario crear una agenda para darle fin a la guerra contra las drogas en México.
El país vivió un largo periodo de pacificación desde el fin de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Aunque la violencia política estuvo presente, el siglo XX mexicano significó el más estable proceso civilizatorio de su historia. Recuperar la senda pacificadora requiere un esfuerzo de construcción política de los mecanismos en que Estado y sociedad (entre ellos y por sí mismos) resuelven diferendos de toda naturaleza. Se requiere construir un nuevo Estado, el cual pueda pacificar el país de maneras no violentas.