La irrupción de la pandemia producida por la COVID 19, ha puesto en el centro, entre otros asuntos relevantes, la preocupación por la democracia y la seguridad ciudadana. En vista de que las medidas asociadas a ella habilitan a los gobiernos para tomar decisiones de forma discrecional en nombre de la necesidad de controlar la extensión de la enfermedad: los estados de excepción sin límites, el control de los medios de comunicación, la securitización de asuntos que son estrictamente sanitarios, son todas alertas reales y también prácticas realmente existentes en muchas naciones y preexisten a la llegada de la pandemia.

Venezuela, atraviesa desde hace más de un lustro una severa crisis económica, política y social, que se ha traducido en un deterioro institucional en materia de controles democráticos al poder del ejecutivo, por un lado, y una preeminencia de lo militar-policial cada vez más evidente en la estructura del poder y la toma de decisiones.

Este texto se concentra en las lógicas securitarias que parten de los intentos de contención del COVID-19, que van más allá del virus que lo genera. Su objetivo es reflexionar sobre cómo puede instrumentalizarse políticamente la pandemia, sirviendo ésta como dispositivo securitario que reduce los derechos de la ciudadanía. Se trata de un ejercicio de poder sin límites. Se toma el caso venezolano como ejemplo y objeto de estudio.

Ante todo, el escenario descrito cabe preguntarse: ¿Cómo exigirle a una población que no vive de su salario, que tiene que ganarse el pan diariamente en la calle, que se quede en su casa por meses? ¿Cuáles son las respuestas institucionales ante estas tensiones sociales? ¿Cómo reacciona el Sistema Penal, el aparato policial y militar en esta coyuntura?

Es de verdad alarmante que, según los propios datos oficiales, las fuerzas de seguridad representen un peligro tan o más letal para los ciudadanos que la propia pandemia, que esto ocurra en medio de medidas de confinamiento y restricción severas a la movilidad de las personas, frente a una paralización casi absoluta del sistema de justicia preocupa todavía más. 

Esperamos que este texto sea una contribución para pensar alternativas, en materia de política de seguridad ciudadana, aún en medio de la pandemia, y sobre todo de cara a una reinstitucionalización de las políticas de control democrático a los cuerpos de seguridad.