La valoración y el reconocimiento de la importancia social y económica del trabajo doméstico tienen que ser atendido desde las instituciones estatales correspondientes y en el marco de una legislación que proteja y otorgue garantías para la población trabajadora doméstica. En el procedimiento para la fijación del salario, siempre debe prevalecer el principio, que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra en esencia sus necesidades básicas. Guatemala, tiene ratificadas normas internaciones en materia de derechos humanos, que reviste la obligación del Estado, fomentar la igualdad de condiciones laborales y salariales entre hombres y mujeres, con la finalidad de abolir cualquier acto de discriminación en la ocupación y el empleo.