Cuba posee un sistema de pensiones de reparto, con administración estatal, que protege a todos los ocupados formalmente en la economía con una alta tasa de cobertura. Pero el avanzado proceso de envejecimiento demográfico puede causar presión sobre la sostenibilidad financiera del esquema. Es necesario reconocer las desigualdades existentes en el universo laboral cubano y regular su heterogeneidad actual. Mediante la recuperación y creación de empleo productivo y formal, puede generarse un impacto creciente en la cuenta de contribuciones que reduzca el déficit sostenido actual. Debe velarse por la suficiencia de las prestaciones que se otorgan en el sistema, así como de la redistribución no contributiva en la asistencia social, a partir de su indexación a la evolución del nivel de precios en la economía.