El estudio indaga las condiciones de inserción del sector de la Economía Popular (EP) en la cadena de valor textil, en particular dentro del eslabón de confección de indumentaria. La propuesta conceptual adoptada en el documento intenta elaborar una síntesis entre los enfoques de la Economía Social y la tradición de la Heterogeneidad Estructural.

Los talleres de confección textil de la EP son experiencias autogestivas de trabajadores por cuenta propia con medios de producción propios, focalizados principalmente en la actividad de costura. A su vez, trabajan mayormente en condiciones precarias y sin derechos laborales básicos.

El documento expone el resultado de un relevamiento realizado cualitativo y cuantitativo abarcando 20 polos textiles del AMBA y el Gran La Plata. La información cuantitativa, referida a una submuestra de 15 polos textiles, arroja una capacidad de producción máxima de 93.975 prendas, equivalente a un valor bruto de producción de $3,8 millones de pesos mensuales. En temporada baja, la cantidad de prendas se reduce a menos de 60.000 por mes y el VBP mensual a $2,3 millones de pesos.

Cuando el polo se encuentra operando en valores máximos de la capacidad instalada (93%) el excedente constituye el 59% del ingreso, mientras que el Salario Social Complementario (SSC) representa el 41% del ingreso de los trabajadores de los polos textiles. En cambio, en contextos de baja UCI, por factores estacionales y de demanda, la relación se modifica y el SSC pasa a representar el 54% contra el 46% del excedente. Por estos motivos, se concluye que el SSC resulta efectivamente un complemento a los ingresos de los trabajadores del sector y opera como un estabilizador de los mismos.

Para que los trabajadores alcancen un ingreso neto mensual equivalente a un SMVM, sin incluir el SSC, se requeriría una UCI superior al 100% de 109,4%. De esta forma, se pone de manifiesto que sin el aporte del SSC, resulta imposible que las y los trabajadores de la EP del sector alcancen un ingreso mensual equivalente al SMVM con una jornada laboral igual o menor a 9,5 horas.

La implementación a gran escala de una política pública de apoyo a la creación de polos textiles puede contribuir de forma significativa a la mejora de las condiciones de trabajo del sector.