Los registros nacionales abocados de manera genérica a la cuestión criminal no se encuentran, hoy, en condiciones de brindar información certera y útil sobre las violencias que afectan a las mujeres, lesbianas, travestis y trans. El Estado argentino asumió internamente la obligación de producir información con perspectiva de género, poniendo en funcionamiento registros interjurisdiccionales e interinstitucionales, generando consensos sobre los criterios para la selección de datos, modalidades de registro e indicadores desagregados por múltiples variables. En el mismo sentido apuntan los compromisos y las recomendaciones internacionales. En lo que hace a violencia letal, la multiplicidad de actores abocados a la medición de una misma problemática de manera descoordinada redunda en recursos superpuestos y dispersos trabajando con metodologías que pocas veces permiten algún nivel de comparación. Peor es la situación en cuanto a violencia no letal: el entramado institucional federal y la multiplicidad de vías por las que puede ingresar al sistema un hecho dificultan los procesos de recolección y sistematización. Transversalizar la perspectiva de género al análisis de todos los conflictos y violencias, introducir la perspectiva de interseccionalidad de las discriminaciones que pesan sobre las mujeres, ampliar la mirada sobre las violencias de género que se miden, avanzar con estudios y relevamientos especializados, instar al sistema de justicia a que rinda cuentas sobre el tratamiento judicial de los casos y, a su vez, demandar transparencia sobre los usos de la información sobre violencia de genero, son tan solo algunas de las posibles líneas de trabajo a futuro.