Las medidas de consolidación fiscal y austeridad, como las que alientan la flexibilización del mercado laboral, las reducciones de la cobertura de las prestaciones y los servicios de protección social, los recortes del empleo público y la privatización de los servicios, suelen afectar negativamente a las mujeres más que a los hombres y se acumulan a las ya existentes desigualdades estructurales de género de las que son víctimas las mujeres.

La teoría económica dominante no tiene en cuenta el valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ni su contribución a la economía. Las mujeres realizan la mayor parte de esa labor, que sostiene el crecimiento y producción de valor económico. Además, el trabajo no remunerado absorbe injustamente las conmociones económicas y compensa con frecuencia las medidas de austeridad.

La formulación de políticas con perspectiva de género debe ser un requisito esencial para realizar una evaluación del impacto de las políticas de reforma económica en los derechos humanos.

Los efectos positivos de la inversión en la economía de cuidado son potencialmente exponenciales. Esas inversiones no solo repercuten positivamente en los ingresos y tiempo de las mujeres, sino que también pueden servir para abordar los factores más determinantes de la desigualdad de género.