En agosto de 2018, la Corte Provincial del Azuay dictaminó la suspensión del proyecto minero Río Blanco en respuesta a la petición de medidas de protección interpuesta por habitantes de la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay.

En este contexto: ¿Qué consecuencias han traído los movimientos del capital minero en Ecuador en el nuevo ciclo político-económico?, ¿qué papel ha tenido el gobierno en la promoción de la minería metálica?, ¿qué estrategias deben tomar las organizaciones de la sociedad civil para resistir al avance del modelo minero primario exportador en los territorios? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en este documento.