México debe aprovechar las Zonas Económicas Especiales para desarrollar las cadenas de valor locales y expandir los servicios públicos locales. El objetivo no debe ser la cantidad de inversión extranjera recibida sino el desarrollo de la localidad y lograr la reducción de la pobreza y la desigualdad. Crear empleos de calidad y desarrollar modelos exportadores de alto valor agregado no son resultados automáticos de la creación de las ZEE, sino el resultado de una lucha estratégica por utilizarlas como un detonante del desarrollo redistributivo.

Tener un pleno estado de derecho puede resultar incluso más atractivo que los incentivos fiscales. Más que reducir los impuestos, crear instituciones sólidas que velen por el cumplimiento de la ley es una mejor manera de atraer inversión. Si las instituciones a cargo de la evaluación de las leyes y objetivos se dejan en manos de gobiernos altamente corruptos, el resultado no beneficiará a nadie más que a unos cuantos.

Para lograr estos objetivos resultará fundamental: la disponibilidad de capital humano capacitado, la calidad de la infraestructura, la conectividad, el control del crimen organizado, la existencia de ciudades medias atractivas para que los gerentes y directivos se establezcan con sus familias, y la cercanía relativa de dichos estados con los mercados internacionales.