El documento analiza la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, aprobada en Abril de 2012, desde la perspectiva de los derechos colectivos y asumiendo como referencia al movimiento sindical venezolano. Para la autora, el nuevo marco jurídico entraña todo un conjunto de controles que, en sintonía con otros instrumentos jurídicos promulgados por el Estado en los últimos 10 años, lesionan de manera severa la libertad y autonomía sindical, criminalizan y penalizan el derecho a la huelga, dificultan la negociación colectiva y entorpecen los procesos electorales al interior de las organizaciones sindicales. El documento finaliza con un conjunto de recomendaciones que debería asumir el sindicalismo venezolano, para recuperar sus espacios perdidos como interlocutor entre los intereses de los trabajadores y el Estado, así como para frenar las prácticas represivas asumidas en contra de su dirigencia por parte de los distintos poderes públicos.