En el documento se analizan las restricciones que la ley laboral, decretada el 07 de mayo de 2012 por el ex presidente Hugo Chávez, impone sobre los derechos colectivos del trabajo. La autora destaca como verdaderos obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical, las nuevas funciones que el mencionado instrumento jurídico le asigna a las organizaciones sindicales (que prácticamente las convierte en cuasi apéndices del Estado), los límites a la negociación colectiva y las severas limitaciones para convocar huelgas de manera legal. El documento finaliza con un conjunto de recomendaciones estratégicas que el sindicalismo venezolano podría emprender, tanto en el plano doméstico como internacional, para exigir garantías a su autonomía y libertad al momento de defender los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras.