Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por sus esfuerzos en la construcción de un modelo de desarrollo social y sostenible. La política energética forma parte de ese conglomerado histórico de iniciativas públicas comprometidas con un modelo de desarrollo alternativo, en este caso con enfoque socio ambiental. La claridad en las política públicas en el sector eléctrico, por ejemplo, le permitieron al país alcanzar estándares internacionales en los últimos 40 años. El país logró que más del 90% de la electricidad se genere con fuentes renovables; además una cobertura mayor al 99%, y precios más bajos que el promedio regional; en especial en las residenciales de bajo consumo. Todo esto gracias a una visión clara del modelo energético nacional, construida desde los años cincuenta y ejecutada en los años setenta, con inversiones en energías renovables, cuyos beneficios económicos, sociales y ambientales se materializaron con los años. Conforme ha pasado el tiempo, la realidad del país se ha transformado. Existen nuevos retos, actores y presiones sobre el sistema político que obligan a replantear la política energética del país, como proyecto de Estado. La discusión ha sido impulsada por la posibilidad de crear una Ley General que modifique la estructura actual del sector eléctrico. Sin embargo, ese proceso ha logrado concretar pocos resultados. En parte, porque una discusión de ley no es suficiente para delimitar el modelo energético de Estado que se requiere.