Colombia tiene una de las tasas de desempleo e informalidad más altas de América Latina, y aunque la primera ha caído, debido al buen comportamiento económico del país, continúan siendo altas, en especial la segunda, lo que se explica por el sesgo antilaboral del modelo de desarrollo. La externalización de actividades productivas (outsourcing) y la tercerización de trabajadores consolidaron un esquema que para la industria y la agroindustria significó cerca de la mitad de los trabajadores en empleos inestables o precarios mediante el uso de empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo asociado. La tercerización se presenta también como deslaborización de las relaciones de trabajo con la utilización creciente de los contratos de prestación de servicios. Este sesgo antilaboral, fruto del modelo de crecimiento económico y, también, de las reformas y el ordenamiento institucional y normativo, ha repercutido en la distribución del ingreso durante las dos últimas décadas, dada la pérdida constante de la participación del trabajo en los frutos del crecimiento. El cambio de trayectoria de ese modelo de desarrollo antilaboral no es fácil, porque además de estar asentado en el estancamiento industrial, el sesgo anticampesino y la institucionalidad laboral, se basa en una trayectoria histórica que no reconoce a los trabajadores como interlocutores válidos para determinar el rumbo de la sociedad y la economía. Ese mismo sesgo no constituye el interés esencial de las políticas públicas y laborales, centradas en la informalidad urbana. Las políticas recientes de formalización laboral son un eslabón paliativo y subordinado, con logros modestos en contextos favorables de crecimiento económico. La formalización queda atrapada en la búsqueda por reducir los costos del trabajo para fomentar el empleo formal, en un contexto de alto subempleo, baja productividad, reprimarización económica, estancamiento y flexibilización industrial, y expulsión sistemática de población rural.