Aunque algunos países presentan avances legislativos sustanciales en materia de cambio climático, la cantidad de leyes no es un indicador confiable del nivel de compromiso de un país para enfrentar el cambio climático de manera efectiva, ni constituye una correlación positiva con la eficacia de la respuesta legislativa o el nivel de ambición de las medidas de respuesta de un país ante el problema. Previo a la Conferencia de Copenhague en 2009, hubo una intensa actividad legislativa en materia de cambio climático; pero a pesar de la creciente evidencia de los impactos del cambio climático, a partir de 2012, la mayor parte de países perdieron el sentido de urgencia, enfocándose en sacar a sus economías del estancamiento mediante la promoción de políticas de crecimiento económico de corto plazo, inconsistentes con el objetivo de enfrentar el cambio climático. Un escenario optimista sería que el nivel de ambición y eficacia de las leyes y políticas aumentara en la medida en que los países perciban los co-beneficios derivados del tratamiento apropiado del cambio climático; y que los costos de la inacción son mayores que los de la acción. En El Salvador, desde 2014 se ha estado promoviendo una iniciativa de Ley de Cambio Climático por parte de la legislatura saliente; se esperaría que la iniciativa sea retomada por la legislatura 2015-2018.