Las leyes de acceso a la información pública otorgan a los ciudadanos más derechos y mayores posibilidades de control del Estado y sus representantes. Suelen observarse como avances democráticos. Sin embargo, es en su cumplimiento donde se dirime su efecto. Si estas leyes solo funcionan para aquellos que tienen de por sí mayores posibilidades económicas o detentan algún tipo de estatus, lejos de mejorar el estado de derecho aumentan la inequidad de los ciudadanos ante la ley. Aquellos que tienen más poder tienen un recurso más a disposición que aquellos que no lo tienen.

La sanción de leyes de acceso a la información pública, lejos de ser el final parece ser el comienzo de la materialización del derecho de los ciudadanos a conocer sobre la gestión del Estado. La materialización de ese derecho depende de otras políticas que se destinen a asegurar la implementación no discrecional de la ley, a informar a los ciudadanos respecto a sus derechos a fin de que puedan invocarlos para asegurar su cumplimiento y a que exista una sociedad civil capaz de realizar el monitoreo del cumplimiento de la norma.