En América Latina la relación entre la violencia, el crimen y las drogas ha tenido gran influencia en las políticas de seguridad. Si se acepta que el uso de drogas está asociado a conductas delictivas y si el tráfico es inherentemente violento, parece lógico que la supresión de este mercado ilícito -mediante la prohibición o la regulación- contribuiría a reducir el crimen y a disminuir sustancialmente las altas cifras de violencia letal. Para unos, abandonar la prohibición representaría un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos; para otros, regular los mercados sería la solución a los problemas de inseguridad. Unos ven las reformas a la política de drogas como una amenaza, los otros las señalan como el único camino.

Estas posiciones han generado un falso dilema entre la seguridad de los ciudadanos -y aferrarse al modelo prohibicionista- o cambiar la política de drogas -y "ceder" frente al crimen-. Esta errada contraposición no solo ha polarizado el debate, sino que ha generado inmovilidad en las respuestas y hecho aún más lenta la capacidad de adaptación del estado. Este artículo cuestiona estas narrativas a partir de la evidencia disponible, identifica las posiciones preponderantes en el debate actual -sus aciertos y desatinos-, así como las opciones de política pública, con sus ventajas, desafíos e incertidumbres.