Fernando Belaunzarán examina de manera crítica los alcances y las posibles limitaciones de la Ley General de Transparencia y la reforma constitucional en materia de anti-corrupción, particularmente el diálogo abierto entre la sociedad civil y la clase política. Si bien reconoce que sus procesos legislativos y alcances son sui generis, también advierte posibles retrocesos en las legislaciones secundarias que deben ser aprobadas en 2016. La sociedad civil, concluye el autor, es el único agente que podrá garantizar la supervivencia de los logros alcanzados pues ha sido el único actor capaz de presionar a la clase política y combatir la corrupción e impunidad.