La dirección de la política petrolera en el país ha sufrido diversos cambios durante los últimos años, tanto en la participación del Gobierno Central dentro de la gestión de PDVSA, como en los objetivos de dicha política, los socios y actores relevantes y el rol que tiene la actividad petrolera dentro del país. Ello ha incidido en el deterioro sostenido de los principales indicadores financieros y operativos del sector.

De la misma manera, los prospectos de inversión para el sector se han visto perjudicados por los crecientes riesgos asociados a la política macroeconómica, a la operación de las compañías y al marco institucional débil, elementos que añaden incertidumbre sobre el valor de los proyectos.

Se hace patente la necesidad de revisar el ordenamiento legal y jurídico, las instituciones que rodean al sector petrolero, y los objetivos que tiene el desarrollo de la industria petrolera del país, a fin de lograr las asociaciones que incrementen la productividad total de la industria y generen mayor valor agregado, al tiempo que se generen mecanismos para lograr incluir horizontes de largo plazo en la administración de los ingresos petroleros.