Publikationen der Stiftung → Políticas de medios del kirchnerismo
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  • Aunque con diferencias en sus enfoques particulares, los tres gobiernos kirchneristas se caracterizaron por “transgredir” marcadamente las políticas de medios
    imperantes hasta ese momento en el país. Comenzaron con un trabajo de salvataje de empresas mediáticas post crisis, y luego centraron sus esfuerzos en –por
    ejemplo– crear nuevas señales con un perfil cultural y educativo (son paradigmáticos los casos de Encuentro y Paka-Paka), fomentar el rol del Estado como emisor,
    y potenciar la capacidad de las productoras locales de contenidos.

    De las políticas llevadas a cabo entre 2003 y 2015 pueden mencionarse, por caso, la gestación del programa Fútbol para Todos, y la adopción e instalación del sistema
    gratuito de Televisión Digital Terrestre (que incluyó el reparto de más de un millón de decodificadores y la construcción de ochenta torres de transmisión,
    con una cobertura del 82% del territorio).

    Otro de los puntos clave del periodo fue, sin duda, la sanción de la Ley de Comunicación Audiovisual (26522), que estuvo precedida por un amplio debate social
    e inspirada en programas previos elaborados por la sociedad civil. Esta normativa –de corte progresista, ya que vincula en su esencia la noción de libertad
    de expresión con los DDHH– no sólo estuvo destinada a promover el federalismo, la inclusión (incorporó actores sin fines de lucro, universidades y pueblos
    originarios) y la generación nacional de contenidos, sino que además estableció límites claros para la concentración y el dominio de los mercados mediáticos.

    En cuanto a las deudas pendientes del periodo y los desafíos a futuro, cabe señalar –entre otros– la irregularidad en el manejo de la pauta publicitaria oficial
    (cuestionada en su momento por la CSJ), el excesivo oficialismo de los medios estatales, el bajo éxito alcanzado por la Televisión Digital Terrestre, la ausencia
    de concursos para habilitar nuevos actores en el sistema de medios (lo que limitó la cabal aplicación de la Ley 26522), la falta de información fehaciente sobre los
    licenciatarios y el destino final de la vasta red de fibra óptica construida por el Estado mediante el programa “Argentina conectada”.