Si bien hasta la década del 1970 la Argentina había demostrado tener una cobertura de cuidado social relativamente buena y extensa, las políticas neoliberales

de los años ’90 –agudizadas luego por la crisis de 2001/2002– redujeron esas prestaciones a su mínima expresión y potenciaron, además, un severo efecto de

de-socialización y rechazo frente a las grandes políticas institucionales en materia de desarrollo social.

Durante el período 2003-2015, en cambio, y con una agenda de carácter progresista en marcha, lo que se evidencia es una fuerte expansión de la cobertura horizontal

y una rápida recuperación de la cobertura vertical, y –sobre todo– la vocación de transformar esas políticas sociales en derechos.

En este sentido, los puntos más salientes son sin duda la reconstitución de rasgos más ampliamente solidarios y con mayor capacidad redistributiva en el caso del

Sistema Previsional (que institucionalmente se sostuvo en la reestatización de las AFJP), al incorporar beneficiarios de forma masiva y otorgar movilidad de los haberes;

así como la implementación de variados mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes, en particular la Asignación Universal por Hijo

(AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el plan PROGRESAR.

Aunque no está exenta de cuestionamientos, la cobertura horizontal que se logró en el período 2003-2015 fue la más alta de la historia argentina en materia de seguridad

social. Los desafíos a futuro incluyen, entre otros, otorgar estabilidad a esos beneficios, mejorar la cobertura vertical, abandonar cierta “transitoriedad”

en algunas de esas políticas y confrontar la resistencia social que muchas veces generan estos mecanismos redistributivos.