Entre 2003 y 2015 la Argentina vivió un verdadero cambio de modelo en materia de memoria, verdad y justicia. Encaradas tanto desde los tres poderes del Estado como desde la Procuración General, se pusieron en práctica políticas públicas inéditas destinadas a esclarecer, juzgar y reparar las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.

Retomando y profundizando grandes hitos de décadas anteriores �como el informe de la CONADEP, el Juicio a las Juntas o la depuración de las fuerzas armadas iniciada en los �90�, durante el período analizado en este informe se tomaron decisiones tendientes a transformar esas acciones en una política de Estado �proceso encarado de acuerdo con requerimientos internacionales y que por primera vez contó con un alineamiento social e institucional relevante y sostenido�.

Entre las iniciativas más importantes de esta búsqueda de memoria, verdad y justicia pueden mencionarse ¬los avances en la desclasificación de archivos, las políticas públicas específicas que desde el Poder Ejecutivo fortalecieron la investigación sobre delitos de lesa humanidad, las numerosas sentencias alcanzadas, la creación de sitios de memoria en ex centros clandestinos de detención, la ampliación de las medidas de reparación para los colectivos de víctimas y el trabajo realizado en torno al derecho a la identidad.

Aunque aún existen asignaturas pendientes, se trata de un proceso que ha logrado altísimos niveles de acuerdo social, una dinámica institucional estable y una referencia emblemática para la región y el mundo.