En El Salvador, el poder acumulado por las pandillas es tal, que los actores formales del sistema político han entablado relaciones clandestinas con ellas a nivel de los territorios y las comunidades, pero también en el más alto nivel con sus liderazgos nacionales, bien sea para ingresar a un determinado territorio durante las campañas electorales, para reducir los homicidios durante algún período o para llevar ciertos programas a las comunidades que éstos controlan.

Los liderazgos de las pandillas están ahora más conscientes de que su violencia les proporciona un importante poder de negociación y una creciente influencia en la sociedad. Sin embargo, esa misma violencia que les proporciona una importante capacidad de incidencia, es la que les hace carecer de legitimidad ante la opinión pública y de legalidad, como dos aspectos principales, aunque no únicos, que les impiden desarrollarse plenamente como actores políticos o, al menos, no como actores políticos democráticos en el marco de un Estado de derecho.

Esta capacidad de incidencia política, cada vez más consciente y deliberada, es un aspecto que no debe dejarse del lado al estudiar a las maras salvadoreñas. Hay que ubicarla en el plano de la realidad política, es decir, de su capacidad real de incidir. Negar las nuevas características políticas del fenómeno desde una visión o sentimiento moral o legal, no cambiará la realidad sobre el poder e interés de incidir en el sistema político que las maras salvadoreñas ya tienen.