La desregulación y privatización de inicios de los �90 promovió la valorización de corto plazo de las reservas existentes por parte de las empresas del sector y su consecuente falta de inversión. Los gobiernos posteriores no modificaron a fondo esta lógica.

Recién en 2012, debido a la pérdida de los superávit gemelos, se produjo un cambio de políticas. Desde entonces se pudieron notar incipientes resultados, pero ciertamente insuficientes para cubrir el déficit de dos décadas de permisividad a la gestión privada.

El nuevo gobierno asumido en diciembre de 2015 promovió un cambio de orientación en las políticas económicas, que incluyó un incremento generalizado de tarifas de los servicios públicos a partir de febrero de 2016, el �tarifazo�. Su aplicación ha generado un mayor malestar social.

De conjunto, la variabilidad de ajustes y disposiciones oficiales sembraron dudas sobre los criterios utilizados para fijar las nuevas tarifas.

La propuesta oficial vulnera derechos sociales (acceso a información, salud, alimentación y vivienda), principios de proporcionalidad y razonabilidad, y de participación democrática.

El origen de estos problemas está en considerar la energía como una simple mercancía, y no como un derecho o un bien público.