La participación política y los cultivos ilícitos son asuntos que van más allá del Acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y las Farc. Su abordaje integral requiere una perspectiva territorial que valore las condiciones de cada contexto. La baja participación política se ha tratado de explicar a partir de la presencia de grupos armados y de altos niveles de victimización. Para el caso de Antioquia, dicha aproximación debe matizarse con hallazgos que, por ejemplo, muestran que algunas personas que han sido desplazadas son más prosociales y tienen más confianza en las instituciones. En el departamento existen casos valiosos de capital social que deben ser tenidos en cuenta por las políticas públicas que busquen mejorar la participación política. La participación ciudadana en Antioquia está altamente circunscrita a las juntas de acción comunal y en menor medida a las veedurías ciudadanas y otras organizaciones sociales. Fortalecer las apuestas participativas de la sociedad civil supone la necesidad de valorar las capacidades instaladas de las comunidades, prestando especial atención a las instancias señaladas. La distribución de la coca en Antioquia sugiere una relación parcial entre presencia de cultivos y pocas capacidades institucionales. Debido a la importancia de los municipios dentro del acuerdo de drogas, lo anterior plantea el reto de fortalecer las administraciones municipales de cara a la implementación de los acuerdos. Dada la importancia de controlar las comunidades aledañas a los cultivos de coca para el manejo del negocio, es de esperar que el movimiento político que surga tras la desmovilización de las Farc oriente sus esfuerzos a continuar el dominio político sobre las comunidades de las zonas de cultivos. Debido a que probablemente otros actores armados tratarán de adueñarse del negocio, lo anterior hace que la presencia estatal sea no solo una garantía para la sustitución, sino también para la reintegración de los excombatientes.