A pesar de ser considerado uno de los países más violentos del mundo, en Honduras no existe en la actualidad una Política de Seguridad Integral, de carácter estatal y con visión de mediano y largo plazo. Justamente la carencia de esa política de estado, permite que se presente un auge inusitado de la delincuencia y del crimen organizado en sus diferentes expresiones, narcotráfico, narcoactividad, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas y contrabando.

Frente a ello, los poderes del Estado en los últimos siete años, los gobiernos post golpe de Estado, han emitido una cantidad considerable de leyes en materia de seguridad, y tal es su magnitud, que bien se puede afirmar que en este período se ha emitido más legislación que en los primeros 23 años del llamado retorno al orden constitucional.

Y para aportar al análisis y al debate, en este documento se analizan ocho normas jurídicas en materia de seguridad, que expresan una concepción centralizadora del poder político y altamente vertical con un enfoque militar de la sociedad.