Sólo las ciudades dispuestas a entender, aprender, tomar decisiones y actuar sobre la realidad pueden garantizar una movilidad inteligente, que no es otra cosa que comprender las necesidades ciudadanas y urbanas para ofrecer alternativas que permitan optimizar los desplazamientos, reducir los viajes motorizados y sus externalidades. Una ciudad inteligente se mide por la capacidad de garantizar el derecho a la movilidad. La inteligencia urbana se plasma en la voluntad y la decisión política para planear, gestionar e implementar de manera integral las infraestructuras y los servicios que requiere cada contexto local.