En las últimas cuatro décadas se ha dado un crecimiento exponencial de la población inmigrante centroamericana en los Estados Unidos, especialmente aquella proveniente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Una proporción importante de esta población se encuentra indocumentada, mientras que otra cuenta con permisos de trabajo y protección temporal contra la deportación. La participación laboral de esta población es muy significativa para la economía estadounidense, debido a que suelen emplearse en actividades agropecuarias y de servicios y cuidado de personas. Asimismo, esta población ha tenido también una destacada participación en el movimiento sindical. Pese a todo esto, la creciente criminalización de la migración está poniendo en riesgo sus posibilidades de regularizar su situación migratoria, problemática con mayor fuerza aún a partir de la política anti-inmigrante y la política exterior promovida por el presidente Trump.

No obstante, desde mucho antes del cambio de administración del gobierno de los Estados Unidos, diversas organizaciones sociales, sindicales e incluso gobiernos estatales, han creado programas de atención, asesoría y acompañamiento a la población migrante y, en lugar de desistir de estos esfuerzos a partir del nuevo contexto, estas organizaciones han mostrado una férrea posición en dar continuidad a estos programas, y diversos estados dentro del país han ratificado su calidad de �ciudades santuario� para la población inmigrante.