En el debate global la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) se ha puesto de manifiesto la gran oportunidad que representa en el ingreso de nuevos operadores para fomentar el pluralismo y la diversidad, y por ende, la libertad de expresión. Al mismo tiempo también se advierte que de no tomarse medidas en este sentido la concentración mediática puede agudizarse con los consecuentes problemas que ello implica para la calidad del debate democrático.

En América Latina las regulaciones y políticas públicas en materia de radiodifusión han sido abordadas esencialmente desde una perspectiva económica y técnica que es insuficiente para garantizar la libertad de expresión en su dimensión de pluralismo y diversidad.

La propuesta a los Estados por parte de organismos internacionales protectores de este derecho es abordar la transición digital desde un enfoque basado en los Derechos Humanos. Al respecto algunos países han avanzado en los estándares emitidos por dichos organismos, mientras en otros se ha retrocedido y en algunos más los gobiernos recién están tomando definiciones al respecto como es el caso costarricense.