El encarcelamiento masivo, el endurecimiento de leyes y penas, y el enfrentamiento armado contra las pandillas, entre otras respuestas que vienen dándose desde principio de siglo, han comprobado que si no se toman en cuenta otros aspectos, como el cultural, las decisiones desde la esfera de lo público pueden terminar agravando la violencia asociada al fenómeno de las maras.

La capacidad evolutiva de las maras ha puesto en conflicto a juristas y legisladores con respecto a los marcos jurídicos que deben aplicarse y/o crearse para abordar dicho problema. El Estado salvadoreño ha creado una serie de respuestas jurídicas al fenómeno, mayoritariamente de corte anti-garantista y de endurecimiento de penas, que no se han traducido en mayor seguridad ni en reducción de la violencia de las pandillas.

La capacidad de incidencia política, cada vez más consciente y deliberada de las maras, es un aspecto que debe de analizarse no sólo desde lo legal y lo ético, sino también desde la perspectiva de las realidades y correlaciones de poder. Pretender negar o ignorar las nuevas características políticas del fenómeno desde una visión legal o un sentimiento moral, no cambiará la realidad acerca del poder e interés de incidir en el sistema político que las maras ya tienen.