La concentración poblacional en las grandes ciudades, las altas tasas de precarización,informalidad laboral y desempleo, el deterioro de los lazos sociales y el aumento de la sensación de inseguridad, son solo algunos de los factores que favorecen que la seguridad se sostenga desde hace más de una década como el principal tema en la agenda pública. Aun así, las medidas que se adoptan están enfocadas, mayoritariamente, en la disuasión y en la represión, relegando el trabajo sobre las condiciones de fondo. La separación histórica entre la seguridad interior y la defensa nacional está comenzando a ser cuestionada en gran medida bajo el argumento de la situación agravante del país en materia de narcotráfico. La apelación a esta problemática, sin suficientes datos oficiales que la sustenten, es común a otras medidas que dejan en las sombras problemáticas relevantes. La falta de información desagregada y el empleo casi exclusivo de categorías jurídicas para medir la conflictividad violenta, impiden identificar regularidades y estudiar dinámicas. Si bien se observan algunas iniciativas tendientes a mejorar los sistemas de recolección de datos, aún queda mucho trabajo por hacer para favorecer la producción de análisis cuantitativo y cualitativo que pueda ser útil a los fines de diseñar políticas públicas.