Publikationen der Stiftung → La gobernanza democrática de la seguridad privada en Costa Rica
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Zusammenfassung
  • La seguridad privada constituye un tema recurrente en la agenda de política pública costarricense. A mediados del año 2016, una investigación periodística determinó que un alto porcentaje de las empresas que brindaban este servicio en Costa Rica se encontraban en la informalidad (La Nación, 2016). Indudablemente, el incremento de las empresas que ofrecen distintos servicios de seguridad es un eje alrededor del cual se ha avanzado poco en los últimos diez años.

    A principios de este siglo fue necesaria una primera generación de políticas alrededor de tales empresas y es necesario iniciar un segundo proceso de políticas que, por un lado, actualicen la gobernanza e institucionalidad en la materia y, por otro lado, renueven la gestión y la regulación de tales servicios. En este sentido, el país ha experimentado la
    necesidad, en diversas ocasiones, de comprender este fenómeno y regularlo. Incluso han existido intentos de renovación normativa que ha sido frenada por distintas razones, lo que ha llevado a diversos grupos a señalar que las propuestas de solución deben establecerse mediante directrices emanadas por el Ministerio de Seguridad Pública.

    Así, el debate más importante dentro de este contexto se relaciona con el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad, la capacidad del Estado para garantizarlo y la supervisión del Ente Público hacia los prestadores del servicio privado, de tal forma que este se brinde bajo requisitos mínimos que eviten consecuencias negativas, tales como el
    ofrecimiento ilegal del servicio, el descontrol en el uso y registro de armas, el crecimiento desmedido del número de oficiales, así como deficiencias en la capacitación y los derechos laborales de estas personas.

    De tal manera, el desequilibrio entre capacidades estatales de control de la seguridad privada y el desarrollo del sector requiere de nuevas propuestas que se inserten en las agendas y las propuestas programáticas partidarias, que impidan el incremento de los índices de violencia y descontrol que el crecimiento descontrolado de este tipo de empresas ha causado en América Latina.