En Honduras la espera por la justicia que lleve a esclarecer la muerte de 49 periodistas y comunicadores sociales parece detenerse en un sopor infinito, ninguno de los casos desde hace más de 10 años ha sido resuelto en su totalidad, no hay sentencias en firme, la falta de pruebas científicas facilita la impunidad y mientras esto ocurre el Estado niega que –al menos en su mayoría- las muertes se deban al ejercicio de su profesión.