A dos años del primer caso diagnosticado de COVID-19 en la provincia china de Hubei, afirmarse que uno de los campos más afectados por una crisis multidimensional global (económica, social, política y ambiental) agravada por los efectos de la emergencia sanitaria, es precisamente el del trabajo. La paralización o reducción de actividades, la exposición a riesgos biológicos, el fortalecimiento de las economías de plataforma basadas en condiciones laborales precarias o las políticas públicas orientadas hacia la recuperación económica a costa del trabajo digno y decente, dan muestra de un progresivo retroceso en materia de derechos humanos las trabajadoras y trabajadores en diferentes países del mundo y la región. La situación no es extraña en el Ecuador.