El uso de la energía para el minado de Bitcoin representa para países como El Salvador, la profundización de las desigualdades territoriales y nacionales en el acceso a la energía que, aunque no está reconocida aún como un derecho, las comunidades empobrecidas sí lo reivindican y afirman como tal. Asimismo, los retos que ello impone al país en cuanto a uso de energía, puede implicar retrocesos en cuanto a los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático.