Desarrollar e implementar efectivamente estrategias nacionales y políticas públicas de seguridad ciudadana sustentables ha devenido en uno de los desafíos más acuciantes que enfrentan gobiernos y sociedades. Por un lado, la viabilidad de estas estrategias descansa en la factibilidad de ejecutar reformas institucionales, especialmente en el sector de la justicia criminal, las cuales en la mayoría de los casos de la región no resisten más postergación. Por otro lado, sea que se trate de modelos diseñados desde "arriba hacia abajo"(top-bottom), o generados a partir de micro-experiencias locales (bottom-to-up), un reto fundamental se centra en el requisito de lograr consensos sociales y políticos.