Desde 2008, Ecuador reconoce en su Constitución a la comunicación como un derecho. Esto implica que todas las personas tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, cuyo acceso debe ser universal y en igualdad de condiciones. La Ley de Comunicación visibilizaría estos derechos, garantizando -en principio- que se otorguen frecuencias en igualdad de condiciones. Sin embargo, la aplicación de la Ley tuvo bastantes críticas relativas a sanciones para los medios y a los excesos en el fortalecimiento de la comunicación oficial durante el gobierno de Rafael Correa. Así, la Ley fue modificada en 2018, con el gobierno de Lenín Moreno, quien mantuvo una relación cercana con los medios de comunicación. Actualmente, un nuevo proyecto se encuentra en debate al interior de la Asamblea Nacional. Fue construido con base en cuatro anteproyectos de ley. En medio de este debate, el presente artículo plantea la necesidad de entender de manera integral el derecho a la comunicación y de recopilar los puntos que desde el sector de medios comunitarios, se consideran fundamentales para que no existan retrocesos en la legislación de comunicación.