La apropiada regulación del teletrabajo requiere un proceso de debate cuidadoso y participativo donde se respeten tanto los procesos legislativos como el primer principio fundamental del trabajo: el trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Ampliar la regulación del teletrabajo en la República Dominicana tiene el potencial de promover la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género, producto de la histórica división sexual del trabajo. Sin embargo, esa finalidad debe ser expresa y no inferida. El teletrabajo tiene, sin duda, un gran potencial para la inclusión laboral y la expansión del empleo. Pero, este potencial queda afectado si en su implementación se transfieran responsabilidades y costos a la clase trabajadora y se lesionan sus derechos laborales.