El documento analiza el marco normativo vigente sobre el derecho a la participación en Venezuela y sus implicaciones para ejercerlo de manera libre, autónoma e independiente. Aborda, con especial énfasis, las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, instancias contempladas en la Constitución de 1999 como mecanismos de participación directa en el ámbito del poder político y cuyas decisiones deberían ser de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades públicas. Para la autora, las leyes promulgadas en los últimos años, en el marco del denominado �Poder Popular�, contienen normas restrictivas para el ejercicio de las Asambleas y violentan principios fundamentales del derecho a la participación. Finalmente recomienda desarrollar las facultades deliberativas de tales mecanismos para sortear las restricciones que el marco normativo les impone.