Gestión territorial de la seguridad ciudadana en el marco de la transición hacia la paz 152 ción del pie de fuerza policial en 15.000 efectivos y el acompañamiento a sesenta y cuatro municipios en implementación de acciones para la pro­moción de la convivencia social en sus planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Por su parte, el Ministerio del Interior propone llegar a doscientos cincuenta municipios con sistemas integrados de emer­gencia y seguridad(Sies). Por otro lado, la Presidencia de la República propone establecer en ciento sesenta municipios priorizados las rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual para niños, ni­ñas y adolescentes. El Departamento Nacional de Planeación, a su vez, se propone integrar a treinta y dos municipios del país al Sistema nacional de información y análisis del delito (SNIAD) y certificar otros tantos obser ­vatorios locales en seguridad ciudadana en metodologías estandarizadas ( DNP , sin fecha: 349 y siguientes). El Ministerio de Justicia y del Derecho, por último, propone como meta alcanzar 93.610 cupos penitenciarios y carcelarios, mediante“esquemas alternativos de desarrollo de la infraes­tructura, que vinculen la capacidad innovadora del sector privado”( DNP , sin fecha: 380). Es decir, para efectos del seguimiento de la estrategia de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana a“todos los pobladores del territorio nacional”, el plan nacional de desarrollo tendrá en cuenta en el mejor de los casos indicadores provenientes de apenas doscientos cincuenta de los más de 1.100 municipios del país. G estión territorial de la seguridad ciudadana : ¿ a qué se refiere ? Cuando se discute el concepto de“territorialización” de la gestión sectorial de la acción administrativa del estado, se destaca el papel central que co­rresponde cumplir a las autoridades territoriales en la toma de decisiones, al igual que en la articulación y coordinación de las entidades públicas de mayor nivel de centralización que actúan dentro de su jurisdicción. No obstante, de acuerdo con este análisis somero del plan nacional de de­sarrollo 2015-2018, es evidente la precariedad del papel y los recursos asignados a las autoridades locales para la gestión territorial de la convi­vencia y la seguridad ciudadanas. También es claro que los instrumentos elaborados por las entidades de orden nacional –entre ellos, planes, in­dicadores, sistemas de información, mecanismos de coordinación local,