Bernardo Pérez Salazar 173 hechos generados en el ámbito distrital o municipal; y otros aportes prove­nientes de fuentes o recursos distintos a los establecidos en la ley para los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana; aportes de gre­mios y personas jurídicas destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana(decreto 399 de 2011, artículos 11, 12, 13, 14). T ensiones y conflictos en la institucionalidad de la gestión territorial de la seguridad El balance general de la trayectoria normativa e institucional reseñada de­muestra que ha sido tortuosa y alberga tensiones y conflictos instituciona ­les que en el análisis final entorpecen su funcionamiento en el terreno. Como se señaló, si bien la norma dispone que la jurisdicción de los recursos destinados al Fonsecon corresponde al Ministerio del Interior, en los departamentos y municipios la facultad de aprobar y preparar los pla­nes de inversión de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia se eliminó de las funciones de los consejos territoriales de seguridad y se transfirió a los comités de orden público, instancia cuya composición favorece la imposición de decisiones por parte de los representantes de la fuerza pública a las autoridades territoriales, especialmente a partir del decreto 399 de 2011. De otra parte, la provisión contemplada en el artículo 119 de la ley 418 de 1997, en el sentido que las actividades de seguridad y de orden público que se financien con recursos del Fonset serán cumplidas“exclusivamente por la fuerza pública y los organismos de seguridad del estado”, genera tensiones en los comités de orden público, especialmente con las autorida­des territoriales cuando intentan asignar recursos del fondo-cuenta para ac­tividades de prevención situacional y poblacional. Un intento de resolver esta situación se hizo con la inclusión de una disposición en el sentido que las actividades que“correspondan a necesidades de convivencia ciudada­na y orden público serán cumplidas por los gobernadores o alcaldes”(ley 1421 de 2010, artículo 6°) 6 . 6 No obstante, entre los destinos elegibles para la asignación de recursos de los Fonset, el decreto 399 de 2011 sustituyó las actividades de“desarrollo comunitario y en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica”, como