Bernardo Pérez Salazar 177 P lanes integrales de seguridad y convivencia ciudadana En las condiciones descritas atrás, es natural que en la elaboración de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, departamentales y municipales, cada entidad retome sus ofertas institucionales preexisten­tes e intente armonizarlas con los objetivos generales consignados en los documentos correspondientes. Este es el origen de las respuestas genéricas que se ajustan a indicadores de gestión prediseñados(por ejemplo, cierto número de actividades en las que deben participar un número mínimo de personas), con las que usualmente se atienden situaciones problemáticas específicas en el terreno; esta es además la razón principal por la cual di ­chas actividades desarrolladas generalmente no contribuyen en medida al­guna a modificar las situaciones problemáticas atendidas. El ejercicio realizado de esta manera y reproducido reiteradamente de conformidad con criterios de conveniencia operativa, imprime en las intervenciones contempladas en los Piscc un cariz sectorial que impide que las respuestas sean integradas, territoriales y diferenciales: en las ins­tancias de coordinación como los consejos de seguridad que operan en los distintos niveles territoriales solo se apunta a una coordinación de acciones puntuales; al obviarse el ejercicio de coordinación táctica entre las enti­dades, sus intervenciones conjuntas generalmente culminan en entregas fragmentadas de bienes y servicios que no siempre son pertinentes a las sus funciones; y(4) participar en las rentas nacionales. Igualmente, el marco constitucional prevé que la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará por el gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial. Dichos territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costum­bres de sus comunidades, correspondiéndoles:(1) velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios;(2) diseñar las políticas y planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el plan nacional de desarrollo;(3) promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución;(4) percibir y distribuir sus recursos;(5) velar por la pre­servación de los recursos naturales;(6) coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio;(7) colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instituciones y disposiciones del gobierno nacional;(8) representar a los territorios ante el gobierno nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y(9) las demás que les señalen la Constitución y la ley”.