Gestión territorial de la seguridad ciudadana en el marco de la transición hacia la paz 188 Otro aspecto por considerar es la necesidad de remediar la ausencia del poder judicial en las estructuras mediante las cuales opera la coordinación de gestión de la seguridad local, principalmente en los consejos territoria­les de seguridad y convivencia. La experiencia internacional señala cada vez con mayor insistencia la necesidad de involucrar en la gestión de la cadena de valor de la seguridad y convivencia a todos los actores que ten­gan responsabilidades misionales relacionadas con la materia, entre ellos jefes locales de policía y guarnición militar, representantes del Ministerio Público y demás organismos de seguridad, así como funcionarios de órga­nos judiciales como fiscales y jueces, entre otros. En Colombia es evidente la ausencia de estos últimos servidores en las instancias locales de gestión de la seguridad pública, lo que se convierte en un serio impedimento para la identificación y el manejo de las dificultades asociadas con el funcio ­namiento local de la justicia y los procesos penitenciarios y pospenal, al igual que para controlar la deslegitimación de la institucionalidad pública y de la confianza ciudadana en las mismas como resultado de su captura y privatización por cuenta de alianzas locales entre representantes políticos y poderes fácticos. En muchos municipios no solo se requiere de más fuerza pública sino, también, de más jueces, mejores fiscales y autoridades de control capaces de prevenir y sancionar actos que atentan contra la admi­nistración y la moral pública. R eferencias A cción S ocial . 2009. Caracterización de las reservas forestales de ley 2/59. Acción Social/Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Bogotá. C ede . 2004.“Una política de tierras en transición”. Documento CEDE . 2004­29. Universidad de los Andes y Banco Mundial-Colombia. Bogotá. C raig , K. y B. H offman . 2003. Arms trafficking and Colombia. Rand Corporation/National Defense Institute. Santa Monica. para la ejecución fiscal de los recursos canalizados por medio de los contratos plan, como ac ­tualmente sucede con los proyectos aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión(Ocad) en el marco del Sistema general de regalías (SGR) .