fesamericacentral.org ANÁLISIS N O 4/2017 La Seguridad en Honduras: Respuestas Equivocadas Análisis de normas jurídicas emitidas por los gobiernos post Golpe de Estado Fernando García Rodríguez 2017 Los poderes del Estado en los últimos siete años han emitido una cantidad considerable de leyes en materia de seguridad, y es tal su magnitud que bien se puede afirmar que en este período se ha emitido más legislación que en los primeros 23 años del llamado “retorno al orden constitucional”. La naturaleza, características y alcances de la legislación emitida, responden, por un lado, a la situación de violencia, delincuencia, crimen organizado, narcoactividad y todo tipo de tráfico de armas, municiones, personas(especialmente mujeres y niños); y, por otro, a una visión eminentemente reactiva frente a estos fenómenos. Lo anterior se ve agravado por fenómenos internos y externos a los aparatos reactivos/ represivos del Estado, destacando la corrupción y la capacidad técnica disfuncional frente a la magnitud y naturaleza de los fenómenos. En el presente documento se analizan ocho normas jurídicas en materia de seguridad que expresan una tendencia y concepción centralizadora del poder político y altamente vertical en la línea de mando con un enfoque militar de la sociedad: 1. Ley de Seguridad Poblacional, Decreto N° 105-2011 2. Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Decreto N° 239-2011 3. Ley de Inteligencia Nacional, Decreto N° 243-2011 4. Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, Decreto 211-2012 5. Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, Decreto N° 418-2013 6. Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad(TIGRES), Decreto N° 103-2013 7. Ley de la Policía Militar de Orden Público(PMOP), Decreto Ley N° 168­2013 8. Reforma Constitucional relativa a la Policía Militar de Orden Público (PMOP), Decreto N° 283-2013. El interés principal de este documento es contribuir a un debate abierto, responsable e informado alrededor de las respuestas estatales en materia de Seguridad, para lograr incidir en políticas públicas integrales con enfoque en Derechos Humanos.