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Fundamentos del derecho ambiental Colombiano
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Fundamentos del derecho ambiental colombiano 118 Por otro lado está el Convenio 169 de 1989 de la Organización Interna­cional del Trabajo( OIT ) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Inde­pendientes(Ley 21 de 1991), cuyo objetivo es contribuir a garantizar que los pueblos indígenas y tribales gocen de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. En el ámbito regional encontramos el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe(Acuerdo de Escazú), aprobado el 4 de marzo de 2018 por los países de América Latina y el Caribe. Este instrumento busca garantizar el derecho de todas las personas al acceso a la información oportuna y adecuada, a participar en las decisiones que afectan sus vidas y entorno, así como a acceder a la justicia cuando sus derechos se vean vulnerados, por medio del reconocimiento de derechos, de la propor­ción de medidas para su ejercicio y de mecanismos para ejecutarlos. Aun­que el Gobierno colombiano firmó dicho instrumento el 11 de noviembre de 2019, a octubre de 2021 no había finalizado con su trámite de aprobación en la Rama Legislativa y su posterior control constitucional por parte de la Corte Constitucional. En ese contexto, como puede verse existen importantes instrumentos in­ternacionales que aportan elementos para hacer realidad el derecho a gozar de un ambiente sano, tales como principios, programas y acuerdos de carácter vinculante y no vinculante, que se han constituido en parámetros del derecho ambiental en Colombia, dado que responden a problemáticas muy novedosas, que evidencian la complejidad que tienen estos asuntos además de lo ecológi­co, en lo social, económico y tecnológico. Esto implica una gestión desde las relaciones internacionales, en la medida que trascienden las fronteras políti­cas con el objetivo de lograr la protección del entorno. En consecuencia, es importante hacer una revisión y evaluación desde el orden interno del cum­plimiento de los instrumentos internacionales en materia ambiental. Es importante señalar que ante el incremento de la deforestación y la degradación ambiental en la Amazonia, los movimientos sociales y la comu-