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Fundamentos del derecho ambiental Colombiano
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Políticas ambientales 205 cultura ética y responsable con el manejo sostenible del ambiente(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Educación Na­cional, 2003). Cabe resaltar que mediante la Ley 1549 de 2012 se complementó la po­lítica con el objeto de fortalecer su institucionalización para su instalación efectiva en el desarrollo territorial, a partir de estrategias y mecanismos de mayor impacto y en el marco de la construcción de una cultura ambiental. En esa medida, la Corte Constitucional en Sentencia T-622 de 2016 y C-369 de 2019, con ánimo de suscitar una conciencia y sensibilización ambiental a favor de los valores de la biodiversidad y la heterogeneidad cultural, resalta la importancia de robustecer el ámbito de aplicación y alcance de los Proyec­tos ambientales escolares(Prae), los Proyectos comunitarios y ciudadanos de educación ambiental(Proceda) y los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental(Cidea) contenidos en la política, para que a partir de un énfasis regional se desarrollen en zonas rurales y de gran diversidad bioló­gica como la Amazonia y el Pacífico. 10. P roducción y consumo sostenible Los patrones de producción y consumo insostenibles son una de las causas de la contaminación y degradación ambiental y del agotamiento acelerado de los recursos naturales. El crecimiento económico y el modelo de desarrollo han promovido el uso de bienes y servicios con alto impacto sobre el entorno, lo cual ha derivado en la necesidad de cambiar el enfoque hacia la sostenibili­dad. Por tal motivo, en 2010, como resultado de la actualización de la Política nacional de producción más limpia y el Plan nacional de mercados verdes, se adoptó la Política nacional de producción y consumo sostenible, cuyo hori­zonte de implementación finalizó en 2019. Esta política, con el objetivo de orientar el cambio en los patrones de producción y consumo hacia la sostenibilidad ambiental en pro de la compe­titividad empresarial y el bienestar de la población, integra ocho ejes estratégi­cos: infraestructura sostenible, regulación ambiental, compras responsables,