Sistema Nacional Ambiental(Sina) 263 actores y saberes que deben articularse entre sí y con los entes encargados de las decisiones para encaminarlas hacia la mejora de la calidad de vida de la población y la garantía de derechos ambientales. 5. R eflexiones Los avances en la protección del entorno en nuestro país en el siglo XX se caracterizaron por una visión utilitarista de la naturaleza, concebida como una fuente inagotable de bienes y servicios para la satisfacción de las necesi­dades del ser humano. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez-Becerra et al. (2002), de manera paralela a esta lógica surgió una visión del aprovechamien­to racional de los recursos naturales cuyo fin es protegerlos para garantizar su renovación y nueva explotación, introduciendo así el concepto de recurso renovable que representa el flujo continuo de productos del entorno natural. De este modo, en el marco de las exigencias de la comunidad interna­cional de asumir como una materia urgente las problemáticas ambientales y tomar acciones en cada Estado tendientes a proteger el entorno y los recursos naturales, además de las diferentes iniciativas que se desarrollaron en el país al respecto, en la Carta política de 1991 se introdujeron una serie de artículos relacionados con la corresponsabilidad entre el Estado y los particulares de salvaguardar nuestro patrimonio natural, siendo el primero el encargado de diseñar la política en esta materia, así como la necesidad de actuar coordi­nada y armónicamente para lograr estos objetivos de protección del medio natural. En este contexto, podemos referir como uno de los principales ejemplos de coordinación entre los actores del sector ambiental al Sina, que conforme expusimos es el resultado de una alianza sin precedentes entre los ambienta­listas del sector público y privado a finales del siglo pasado para emprender una reforma en el manejo del entorno en el país. Dicha iniciativa se basaba en una nueva propuesta de estructura, funciones y relaciones entre los acto­res, para que trabajaran de manera articulada en torno a una gestión ambien­tal descentralizada, democrática y participativa.