Fundamentos del derecho ambiental colombiano 314 Adicionalmente, en materia del acceso a la justicia ambiental el Acuerdo de Escazú dispone que cada Parte debe garantizar este derecho, conforme con las garantías del debido proceso, y asegurar, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias administrativas y judiciales para impugnar y recurrir por asuntos de procedimiento y fondo cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; con la partici­pación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; o cualquiera que pueda afectar negativamente al entorno o contravenir normas jurídicas relacionadas con esta materia. 1. S ustento constitucional y desarrollo jurisprudencial El fundamento de este derecho se encuentra principalmente en el artículo 79 de la Carta política de 1991, relativo al derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizar, por medio del marco normativo, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla, y de proteger la biodiversidad e integridad del entorno. Así como también en el artículo 80, sobre el deber de Estado de planificar el ma­nejo y aprovechamiento de los recursos naturales y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la repara­ción de los daños causados al medio natural. Adicionalmente están los artículos 86, 87, 88 y 229 del texto constitucio­nal, relativos a la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares y el derecho de acceso a la administración de justicia, respectiva­mente, que se erigen como fundamento del derecho de acceso a la justicia ambiental. Para la Corte Constitucional, la justicia ambiental es una condición ne­cesaria para asegurar la vigencia de un orden justo, en la medida que implica el tratamiento justo y la incidencia significativa de todas las personas, sin importar su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso respecto al desarrollo y la aplicación de las normas, reglamentos y políticas en materia ambiental. En otras palabras, ningún grupo poblacional debe sobrellevar des-