FES BRIEFING EL ACUERDO DE ESCAZÚ El impacto del acuerdo en la economía y la política comercial de América Latina Astrid Becker Abril 2022 – El respeto a los derechos humanos, la conservación de un medio ambiente sano y la lucha contra el cambio climático se han convertido en temas centrales de la política económica y de desarrollo en los últimos años. – Incluso en la política comercial, el respeto a los derechos humanos, así como a los estándares ambientales y laborales cobran cada vez más importancia y todos los acuerdos comerciales recientes de la Unión Europea(UE) contienen cláusulas al respecto. Otros impulsos provienen de la aprobación o el debate sobre una ley de cadenas de suministro en algunos países europeos o a nivel de la UE. – El Acuerdo de Escazú es un nuevo instrumento de América Latina que puede jugar un papel importante no solo en el camino hacia la meta principal que es la protección del medio ambiente sino también en fortalecer el respeto a los derechos humanos, la democracia y una política comercial global equilibrada a nivel social y económico. ANTECEDENTES América Latina dispone no solo de grandes yacimientos de materias primas sino también de una biodiversidad enorme y ecosistemas relevantes para el clima mundial, como la región del Amazonas. Sin embargo, debido a su riqueza en recursos naturales, como minerales y grandes superficies agrícolas, el papel que juega en la división del trabajo a nivel mundial es, en primer lugar, el de exportador de materias primas y facili­tador de mano de obra económica. En la actualidad, Améri­ca Latina es la región más importante para inversiones en la extracción de materias primas a través de la minería; en el año 2018, por ejemplo, el 28 por ciento de las inversiones globales fueron destinadas a países de América Latina. Para combatir los efectos económicos de la pandemia de la Co­vid-19, muchos gobiernos apostarán por incrementar la ex­plotación de materias primas como cobre, litio, oro y petró­leo, así como la deforestación de zonas selváticas, para poder reaccionar a la creciente demanda de minerales y productos agrarios como soja y carne de res. Lo anterior va de la mano con grandes proyectos de infraestructura como la construc­ción de presas, parques eólicos, puertos y carreteras para crear las condiciones que requiere la producción y exporta­ción. La construcción de minas e infraestructura y la creación de nuevas áreas agrícolas tendrá como consecuencia la des­trucción de los espacios de los grupos de población locales e indígenas, así como de diversos ecosistemas. Otros factores que favorecen este desarrollo son proyectos turísticos y el uso de superficies para la generación de ener­gías renovables, en particular las presas y parques solares. La mayoría de los países tiene una legislación medioambiental progresista, sin embargo, en muchas ocasiones, las leyes no se cumplen, por ejemplo, cuando se trata de los análisis del impacto ambiental, el respeto a los intereses de la población local y su participación. Además, en muchos casos, no se permite que la población local goce, al menos no de manera adecuada, de los benefi­cios económicos de las inversiones. En consecuencia, el po­tencial de conflictos es alto: a menudo, las protestas contra los megaproyectos terminan en enfrentamientos violentos, que van de la mano con la criminalización de las personas manifestantes, desalojamientos y violaciones de los derechos humanos. Un ejemplo para ello son las protestas contra la mina de cobre“Las Bambas” en el Perú que iniciaron en el 2018 y que provocaron temporalmente el cese de la produc­ción. La represión de protestas por parte de la policía y el ejército y las intimidaciones selectivas ocurren en diversos países de la región que desde hace años es considerada una de las regiones más peligrosas para los activistas ambienta­les. Según datos de la ONG Global Witness, 227 activistas ambientales fueron asesinados en el año 2020 a nivel mun­dial, 165 de los cuales en América Latina, sobre todo en Co­lombia y México.